CONAPREDES

Presentación

CONAPREDES no es un organismo investigador o perseguidor de delitos, ya que esa es una función privativa del Ministerio Público. Es un mecanismo dirigido a promover políticas públicas para la prevención y erradicación de los delitos de explotación sexual, a través de acciones, proyectos y programas específicos. Para ello, y de conformidad con la citada Ley 16, la comisión debe reglamentar sus atribuciones y establecer normas sobre su funcionamiento interno, además, debe crear un fondo denominado "Fondo Especial Contra la Explotación Sexual", que debe administrar CONAPREDES, sujeto a los procedimientos de fiscalización y manejo establecidos por la Contraloría General. Este fondo será destinado al financiamiento de los planes y programas de sensibilización, prevención, capacitación, atención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de dichos delitos y se nutrirá con los impuestos, las multas y los dineros comisados o los que se obtengan del remate de bienes o valores provenientes de los delitos de explotación sexual.
La legislación panameña sobre esta materia es una de las más avanzadas en la región centroamericana, por ser integral, que contempla no sólo las diversas modalidades de explotación sexual y sanciones más severas, sino también porque establece políticas públicas para la prevención de estos delitos, e incluso, ha sido tomada como modelo en otros países que están en procesos de reformas a su legislación en esta materia.
Contar con esta legislación fue posible, gracias al apoyo técnico y financiero de OIT/IPEC que durante más de dos años liderizó a nivel nacional, con el apoyo de otras organizaciones e instituciones y de personas comprometidas con los derechos humanos de la niñez, un proceso de sensibilización, de consultas y evaluación para la elaboración del anteproyecto de ley que felizmente culminó en la aprobación de la ley 16 de 31 de marzo de 2004. Luego de la sanción de la ley 16, OIT/IPEC realizó desde el mes de abril a agosto de 2004 en Panamá, Veraguas y Chiriquí, diversas jornadas de divulgación de la ley con sectores clave como la PTJ, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Organo Judicial, MINJUMNFA, Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil.
Felicitamos a la Sra. Procuradora por la instalación de CONAPREDES, esperando que no sea una comisión más, sino que se le dote de lo necesario para que sea una verdadera instancia ejecutora de las políticas públicas de prevención y eliminación de los delitos de explotación sexual.
El poder de la propiedad es tal, que aun allí donde el éxito ha sido sólo parcial ningún gobierno ha revertido la reforma. Cualquiera que pretendiese hacerlo tendría que vérselas con 13 millones de mexicanos que poseen $35 mil millones en cuentas privadas o 3,3 millones de peruanos que poseen $6 mil millones. Pero, al crear un sistema que obliga a la gente a ahorrar a la fuerza y coloca barreras a la competencia, los beneficios han sido menos gloriosos de lo que hubieran podido ser -razón por la cual varios han reformado en algún momento sus propias reformas. Esta es la lección que EU debe atender para su propia reforma: colocar límites a la propiedad y al libre ejercicio de opciones significa que tarde o temprano se deben cambiar las reglas otra vez. Mientras más profunda es la reforma, muchísimo mayor es el éxito.

La Ley 16 de 2004, creó CONAPREDES como una instancia técnico-administrativa, para el estudio de mecanismos dirigidos a la prevención y a la erradicación de los delitos de explotación sexual. Está integrada por la Procuradora General de la Nación, que la preside, por los ministros/as de Gobierno y Justicia, Economía y Finanzas, Educación, Salud, MINJUMNFA, Magistrado/a Presidente del Tribunal de Niñez y Adolescencia, Presidente/a de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Nacional, Director/a de la PTJ, Coordinador/a designado por el Órgano Ejecutivo, un/a representantes de la Defensoría del Pueblo, un/a representante de la Red Nacional de Niñez y Adolescencia, un/a representante del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y un/a representante de los gremios de abogados del país.

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